Ecuador y los Papeles de Pandora: amenazas e impunidad
January 13th, 2022
January 13th, 2022
En una ceremonia a principios de octubre, el presidente de Ecuador y mi oponente en las elecciones presidenciales de 2021, Guillermo Lasso, lanzó una advertencia a aquellos “osados que pretenden escudriñar” su patrimonio.Se refería a los Papeles de Pandora publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revelaron cómo decenas de líderes mundiales –incluyendo a Lasso– habían escondido millones de dólares para no pagar impuestos.
Sus palabras amenazadoras iban dirigidas sobre todo a mí, por mi conocimiento del mundo offshore y mi determinación por investigarle a pesar de recibir amenazas de muerte.
En 2017, Ecuador aprobó una ley anticorrupción prohibiendo que servidores públicos mantengan capitales en paraísos fiscales, directa o indirectamente. Este término estuvo ahí para evitar ocultar estructuras opacas y complejas con fideicomisos, fundaciones o sociedades. Como candidato, en 2020 solicité la impugnación de la candidatura de Lasso por esa razón, pero Lasso firmó una declaración juramentada en la que aseguraba no tener propiedades en paraísos fiscales y en ese entonces la justicia electoral le dio la razón.
Eso me llevó a dar por concluido este tema e, incluso, cuando perdí la elección en febrero, ofrecí un discurso de concesión y le llamé para felicitarle. Él me ofreció poner fin a la persecución política en contra de los progresistas que había iniciado el ex mandatario Lenín Moreno.
Sin embargo, los Papeles de Pandora revelaron que Lasso en realidad trasladó acciones en sociedades de responsabilidad limitada que representan a 130 inmuebles en Florida desde Panamá hacia dos fideicomisos en el estado de Dakota del Sur. Lasso reconoció además la existencia de catorce entidades que habían sido ocultadas a la autoridad tributaria ecuatoriana.
Lasso negó tener vínculo con estas entidades antes de asumir la presidencia, incluyendo el Banco Banisi en Panamá. Sin embargo, una investigación de la organización Latindadd reveló que Lasso, un día antes de firmar la declaración juramentada, traspasó sus acciones del Banco Banisi a Banisi International Foundation, una nueva fundación de interés privado de la cual sus hijos son los beneficiarios nominales pero sin el “protector” no tienen poder de decisión.
El balance del Banco Banisi, publicado por la Superintendencia bancaria panameña, indica que la mayoría de los depósitos de esta entidad provienen de “extranjeros”. De los $468 millones en depósitos, $300 millones corresponden a titulares de cuentas de personas no residentes. Esta cantidad ha ido aumentando ya que en el diciembre de 2019 era $239 millones. Un informe de calificación crediticia publicado por este banco estableció que una “alta concentración” de depósitos provienen de Ecuador. Esto plantea interrogantes sobre el papel del Banco Banisi como facilitador de flujos financieros ilícitos.
Tras los Papeles de Pandora, una amplia mayoría del parlamento ecuatoriano ordenó una investigación. Las instituciones del gobierno poco o nada colaboraron, alegando que se trata de información reservada mientras que Lasso se negó a asistir a las sesiones. Cuando la comisión parlamentaria aprobó el informe vinculando a Lasso con paraísos fiscales, su gobierno inmediatamente la atacó y la Fiscalía inició una investigación penal contra los parlamentarios.
Poco después empecé a recibir amenazas e intimidación contra mí, no por haber sido candidato presidencial, sino por insistir en investigar a Lasso y por hablar en los medios sobre este caso como experto en banca offshore. Afines al gobierno lanzaron ataques coordinados de troles en redes sociales divulgando noticias falsas sobre mí, amenazas de muerte e insultos.
Un parlamentario vinculado a Lasso me injurió acusándome de lavado de dinero basado en un meme falso ampliamente divulgado en redes sociales. Y se ampliaron investigaciones penales contra mi por una noticia falsa, involucrando a mis padres jubilados y a todos los ex candidatos progresistas. Decenas de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, incluyendo la Coalición por la Transparencia Financiera, se pronunciaron firmemente en un comunicado de respaldo, lo cual agradezco profundamente.
Pero por desgracia, nada ha cambiado.
El pasado 8 de diciembre, se publicó un escueto dictamen del Contralor General suplente que concluía que Lasso no tenía intereses offshore al no considerar a Dakota del Sur un paraíso fiscal, a pesar de ser ampliamente reconocido por ello. Pero el bloqueo a la investigación contra Lasso no terminó ahí. Ese mismo día, una accidentada mayoría de la Asamblea Nacional del Ecuador, frenó la destitución del presidente, pero en segunda instancia decidió convocarlo a rendir explicaciones y decidió remitir su investigación a otras autoridades del Estado. Lasso anunció que no acudirá.
Irónicamente, Lasso –junto a los presidentes de otros países como Kenia y Chile cuyos líderes también figuran en los Papeles de Pandora– fue invitado a la reciente ‘Cumbre por la Democracia’ organizada por Estados Unidos. Durante la cumbre se anunció crear un registro de beneficiarios reales, incluso para los fideicomisos de Dakota del Sur y medidas anti fraude para los inmuebles. Es fundamental que este registro sea público, abierto a todos, que EE.UU. implemente el intercambio automático de información internacional. Aún queda por ver si todas las promesas hechas se harán realidad.
En total, 7 billones de dólares están escondidos en jurisdicciones secretas y paraísos fiscales, equivalente al 10% de los ingresos mundiales, según el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales de Naciones Unidas. Mientras sobre todo los países en vías de desarrollo están luchando contra la pandemia de Covid-19 y su impacto económico y social, luchando por proveer atención básica a sus ciudadanos y comprar vacunas.
Por tanto, es evidente que el problema de evasión fiscal y opacidad financiera, y el dinero que canalizan personas poderosas a los paraísos fiscales, es un problema que no sólo afecta a mi país, sino a todo el mundo. Combatir la opacidad financiera es una lucha por la verdad y la justicia social que no podemos permitirnos abandonar.