Financial Transparency Coalition

En el marco de la apertura oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas este martes, vienen a la mente las palabras pronunciadas hace un año por el Secretario General António Guterres, en que instó a los países a invertir al menos el 10% del PIB mundial para la recuperación de la Covid-19.

Dejando de un lado la retórica, la realidad es muy distinta: los países en desarrollo sólo han logrado implementar medidas de estímulo económico equivalentes al 3.9% del PIB, dedicando únicamente 1% del PIB para protección social a las personas más afectadas por la crisis. En cambio, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países del Norte gastaron hasta 27% de sus PIB en estímulos.

Mientras el costo del servicio de la deuda se recortó en los países del Norte, estos costos crecieron en el Sur. Para acceder a los préstamos de bajo interés del Banco Mundial y el FMI, los países en desarrollo deben comprometerse a reducir el gasto público. Los préstamos han beneficiado sobre todo al sector privado y las grandes empresas, y muy poco a aliviar la pobreza y reducir la enorme desigualdad social.

Hace unos meses, revelamos que el 63% del financiamiento de ayuda frente a la Covid en 7 de los 8 países en desarrollo estudiados se había asignado a grandes empresas, frente a solamente el 22% asignado a la protección social. El problema no se limita a los países en desarrollo. El FMI también estima que las grandes empresas se beneficiaron con más del 40% del gasto para la recuperación en los países del G20, si se suman todos los fondos dedicados a la creación de empleo, las obras públicas y el apoyo directo a las grandes empresas.

El Informe Spotlight sobre el Desarrollo Sostenible de 2021, publicado la semana pasada, revela que la desigualdad entre los países del Sur y el Norte también se extiende al acceso a vacunas contra Covid-19, que a su vez tiene un impacto directo sobre las economías. El informe resalta que el 60% de las personas en los países de renta alta han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras menos del 2% ha recibido la primera dosis en los países en desarrollo.  Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el costo acumulativo de postergar la vacunación sumará $2.3 billones al año en 2025. El mundo en vías de desarrollo soportará la mayoría de este costo.

A pesar de las barreras, algunos países del Sur luchan en contra de las políticas de austeridad. En Sudáfrica, por ejemplo, se creó una subvención mensual de $24 para el alivio social frente a la Covid-19 en mayo de 2020, ayuda que en septiembre de 2020 había beneficiado a 5 millones de personas. Este programa se cerró en abril de 2021, pero fue restablecido  en julio de 2021 tras una fuerte presión social, prorrogando su implementación hasta marzo de 2022.  Se necesitarán nuevos préstamos para financiar este programa, pero el FMI otorgó Derechos Especiales de Giro (DEG) para aumentar las reservas en $4.100 millones para Sudáfrica, lo cual permitirá indirectamente financiar este programa.  Activistas locales esperan que la concesión de los DEG allane el camino hacia una subvención de Ingresos Básicos Universales para todos los sudafricanos que sufren pobreza crónica.

Igualmente en Colombia, en el Informe Spotlight publicado la semana pasada, Sergio Chaparro detalla medidas como el aumento del IVA aplicadas a productos básicos o mayores impuestos sobre la clase media, mientras las rentas altas no tendrían que pagar nada, provocó el descontento ciudadano.[1] Las protestas lograron revertir las reformas más regresivas y el país pasó a crear un impuesto sobre la riqueza, una medida similar a lo implementado en Argentina.

No obstante, ejemplos como Sudáfrica y Colombia son la excepción. La realidad es que la mayoría de los países del Sur se ven solos enfrentando las consecuencias de la pandemia. Esta situación ha producido mayor desigualdad y ha relegado a millones de personas a la pobreza extrema. La Asamblea General de la ONU debe de presionar a los líderes del G20, el G7 y el FMI, quienes todavía ostentan la mayoría del poder en la gobernanza económica global, para asegurar que los países del Sur tengan los fondos suficientes para proteger a sus ciudadanos más vulnerables, asegurando a su vez un impuesto global mínimo justo.  El tiempo se acaba y las personas en los países del Sur necesitan ayuda antes de que sea demasiado tarde.

[1] Iniciativa para los Principios de los Derechos Humanos en Políticas Fiscales, Organizaciones en
América Latina le Piden al Gobierno Colombiano un Cese a la Violencia Contra Manifestantes.

Foto de Tomas Eidsvold en Unsplash