Financial Transparency Coalition

Por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindadd

La necesidad de cerrar brechas fiscales fruto del fraude fiscal, el endeudamiento del sector privado y que muchos acreedores de la deuda pública estén domiciliados en guaridas fiscales, son canales para que la deuda termine fugada. Urge vigilancia en el escenario de pandemia y post pandemia.

En el contexto del nuevo coronavirus, el endeudamiento externo es un tema que se pone con fuerza en la agenda global debido a la gran cantidad de recursos fiscales requeridos para enfrentar la pandemia. Ya la deuda venía con tendencia creciente a nivel global en los últimos años, alcanzando un pico histórico del 322 por ciento del PIB a finales del 2019 (Global Debt Monitor, Enero 2020). Esta tendencia ascendente se proyecta mayor ante el nuevo escenario.

Sin embargo, existe conexión entre la deuda externa y los flujos financieros ilícitos, es decir entre los procesos de endeudamiento público y la fuga de capitales de los privados. Un ciclo perverso donde los recursos que deberían garantizar los derechos sociales de la población, o invertirse en proyectos de inversión productivos terminan en fondos offshore y guaridas fiscales. Durante las crisis, un terreno de observación son las políticas de rescate o ayuda centradas o priorizadas en sectores empresariales de las élites del poder económico.

Esta conexión nociva entre “deuda” y “fuga” se da por distintos canales tanto durante etapas de crecimiento económico como de crisis. Veamos algunos.

La necesidad de cerrar brechas fiscales fruto del fraude fiscal.

En gran medida, las brechas fiscales son producto del fraude tributario. Hace años que centros de investigación económica como el Global Financial Integrity (GFI) advierten el gran desafío global que constituye la falsa facturación en el comercio internacional, constituyendo la mayor fuente de flujos financieros ilícitos. Este movimiento en las importaciones (declaro mayor precio de venta) y exportaciones (declaro menor precio de venta), involucra otro movimiento de financiamiento público para compensar los recursos tributarios dejados de percibir. Estas formas y otras formas de evasión y elusión fiscal representaron un costo de 335 mil millones de dólares en América Latina, solo en 2017 según la Comisión Económica Para América latina y el Caribe (CEPAL).

Es importante resaltar el estrecho vínculo de los números crecientes de deuda pública con los bajos niveles de recaudación. En el caso de América Latina, la región más desigual del mundo, la carga fiscal se mantiene en 23 por ciento del PIB (2018), una cifra bastante baja con respecto al promedio de los países OCDE (OECD et al. 2020). Los recursos públicos insuficientes tienen un impacto en los balances fiscales que, siguiendo el caso de América Latina, tienen un déficit de 2.7 por ciento del PIB en promedio en la última década, explicado en gran medida por significativos incrementos en el servicio de la deuda (ídem).

Acreedores de la deuda pública domiciliados en guaridas fiscales.

El espacio de la deuda soberana involucra diversos “tenedores” vinculados a la banca y a fondos de inversión. Un informe de Oxfam (2017) señala que veinte bancos europeos tenían filiales en el estado norteamericano de Delaware, jurisdicción considerada como un paraíso fiscal. Según el informe (p. 33), 200 filiales de 11 bancos tenían sede en un mismo edificio. De igual modo, pasa con los fondos de inversión que especulan con la deuda de los llamados países en desarrollo. En el mundo de la deuda, se los conoce Fondos Buitres porque obtienen beneficios desmesurados. Por ejemplo, el fondo NML Capital, el cual está registrado en las Islas Caimán, y que obtuvo una rentabilidad del 1.270 por ciento ante Argentina, obteniendo con ello 2,426 millones de dólares por deudas adquiridas por tan solo 117 millones. Asimismo, los procesos de auditoria de la deuda, como el de Grecia, demostraron que las entidades involucradas en los procesos de rescate bancario eran compañías que operaban desde paraísos fiscales y que aprovecharon la opacidad existente para ocultar quienes estaban detrás (Renaud Viven, 2018).

El endeudamiento del sector privado.

Es un canal de transmisión para la fuga de capitales, ya sea por los préstamos intra grupo, recurrentes para trasladar beneficios de una jurisdicción a otra, o por el aprovechamiento de tasas diferenciadas entre los mercados locales y los externos. Este último, es un tema bastante estudiado en Argentina, donde el proceso de apertura de las cuentas de capital en la época de la dictadura permitió que muchas corporaciones recurran al endeudamiento en mercados externos, lo que luego conllevó a transferencias financieras al exterior mucho mayores a los pagos de intereses a los acreedores, evidenciándose una fuga de capitales al observar que por cada dólar que entraba por endeudamiento, había otro que salía (Basualdo y Kulfas 2000). De igual modo, en el proceso de auditoría de deuda del Ecuador se observa el uso de los préstamos entre sujetos vinculados siguiendo una ruta offshore (Fattorelli y Vieira 2007, p. 16). Estas deudas privadas han terminado siendo asumidas muchas veces por el sector público mediante salvatajes bancarios. Existen diversos informes oficiales al respecto como por ejemplo el de la Comisión Investigadora [del Congreso Peruano] de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1991 y el 2000 (Cidef, 2002, p. 82).

Estos canales de vinculación deuda-fuga deben ser resaltados, estudiados, vigilados y controlados por parte del Estado y la sociedad civil, especialmente en el escenario actual que genera enormes retos de gasto público al mismo tiempo que contrae la recaudación tributaria debido a las cuarentenas y confinamientos. La necesidad por obtener liquidez para atender las demandas sociales ante la emergencia del nuevo coronavirus, puede sobre endeudar vía préstamos, emisión de bonos, etc. a muchos países. Según el Monitor Fiscal del FMI el 15 de abril último, “el brote de la COVID-19 y sus consecuencias económicas y financieras causarán un gran aumento de los déficits fiscales y los coeficientes de endeudamiento público” (Capítulo 1).

Ahora más que nunca se debe evitar que la nueva deuda por Covid19 termine como flujos financieros ilícitos. La agenda de transparencia financiera y justicia fiscal a nivel internacional que incluía mucho antes de la pandemia: reportes corporativos públicos país por país, intercambio automático y recíproco de información tributaria entre los Estados, registros públicos de beneficiarios finales de las corporaciones y fondos de inversión, entre otros mecanismos para terminar con la opacidad del sistema financiero siguen vigente ahora y también en el post coronavirus. Claro está, con la voluntad política que requiere poner alto a las prácticas corporativas fraudulentas y su influencia en el Estado.

Una oportunidad para seguir analizando las políticas en materia de transparencia y fiscalidad para enfrentar la crisis del Covid19, tendrá lugar el jueves 28 de mayo, en la conferencia virtual: ¿Proteger la Salud o Beneficiar al Capital? Fiscalidad y Transparencia en la Era del Covid-19.