Financial Transparency Coalition

Lea el resumen ejecutivo.

Lea el informe completo en inglés.

Lea reportaje en IPS / Infobae / Pagina12

LONDRES – El 22,5% de los buques pesqueros industriales y semiindustriales acusados de trabajo forzoso eran propiedad de empresas europeas, encabezadas por empresas españolas, rusas y británicas, según un nuevo informe de la Coalición para la Transparencia Financiera, un grupo de 11 ONG de todo el mundo.

El informe titulado “Nexos oscuros:  descubriendo a los responsables del trabajo forzoso en las flotas pesqueras comerciales“, el análisis más extenso de los abusos del trabajo forzoso en los buques pesqueros comerciales hasta la fecha, también encontró que las empresas de solo cinco países (China, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur y España) poseen casi dos tercios de los buques acusados para los cuales hay datos de propiedad legal. 

En total, 128.000 pescadores, en su mayoría del Sur global, quedaron atrapados en trabajos forzados a bordo de buques pesqueros en 2021, a menudo en alta mar, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Éstos sufrieron abusos que iban desde la violencia física y la servidumbre por deudas hasta condiciones de trabajo abusivas.

Matti Kohonen, director ejecutivo de la Coalición para la Transparencia Financiera, afirma: “El trabajo forzoso a bordo de buques pesqueros comerciales afecta a más de 100.000 pescadores cada año, provocando abusos terribles e incluso muertes entre pescadores que vienen sobre todo del sur Global. Sin embargo, la mayoría de los propietarios de estos buques se esconden detrás de estructuras corporativas complejas e interjurisdiccionales que van desde empresas fantasma hasta empresas conjuntas opacas”.

Otras conclusiones clave del informe incluyen:

• Más del 40 por ciento de los buques pesqueros industriales y semiindustriales acusados de trabajo forzoso operaban en Asia, seguida de África (21%), Europa (14%) y América Latina y el Caribe (11%). 
• Una cuarta parte de los buques acusados tenían bandera de China, mientras que 1/5 llevaban pabellones de conveniencia que tienen controles laxos, secreto financiero e impuestos bajos o inexistentes.
• Las 10 principales empresas poseen 1 de cada 9 buques acusados de trabajo forzoso. De éstas, siete son de China, dos de Corea del Sur y una de Rusia.
• El 45% de las embarcaciones acusadas operaban o eran detectadas en solo cinco países: Indonesia, Irlanda, Uruguay, Somalia y Tailandia.

El informe advierte que la mayoría de los países rara vez solicitan información sobre los beneficiarios finales al registrar embarcaciones o solicitar licencias de pesca, lo que significa que los responsables últimos de los abusos no son detectados ni castigados. 

Alfonso Daniels, autor principal del informe, afirma: “El abuso forzado en los buques pesqueros comerciales a menudo está vinculado a otras violaciones, como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que genera más de miles de millones de dólares al año en flujos financieros ilícitos desde Latinoamérica y otras regiones cada año. Sin embargo, el secreto financiero sigue dominando el sector pesquero, y hay poca voluntad política para mejorar la transparencia financiera para perseguir a los responsables de estos delitos”.

Tom Cardamone, presidente y director ejecutivo de Global Financial Integrity (GFI) que es miembro de la FTC, afirma: “Como se ha visto en los informes que examinaron los buques que evaden las sanciones rusas y aquellos que tienen un cumplimiento cuestionable de los estándares internacionales de operaciones, este informe destaca aún más los vínculos entre la actividad ilegal en los océanos del mundo y la falta de transparencia en la propiedad de los buques”.

Rossen Karavatchev, Coordinador de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) que apoyó este informe, afirma: “Pescadores de todo el mundo sufren frecuentemente abusos y explotación. Las empresas y los consumidores europeos y otros no son inmunes a esto, ya que las cadenas mundiales de suministro de productos del mar son largas y opacas. Las empresas tienen que tomar medidas y respetar los derechos humanos. La propuesta actual de la Comisión Europea de prohibir la entrada de productos de trabajo forzoso en el mercado europeo también debe de aprobarse urgentemente y ponerse en práctica”.

Por lo tanto, la Coalición para la Transparencia Financiera pide cinco medidas clave para proteger a los pescadores y mejorar la transparencia en el sector:

• Mejorar la información pública sobre los buques: Antes de conceder una licencia o autorización de pesca, los Estados deben de exigir información sobre los gestores, operadores y beneficiarios finales del buque. Además, deberían crearse listas unificadas y públicas de buques acusados de trabajo forzoso y pesca INDNR.
• Crear registros de beneficiarios reales de acceso público: A menos de que haya información sobre beneficiarios finales disponible públicamente, los Estados solo terminarán sancionando o multando al capitán del buque, la tripulación o el buque, en vez de los propietarios legales y beneficiarios finales que se benefician de estos delitos.  
• Identificar el trabajo forzoso y la pesca INDNR como delitos determinantes a efectos de blanqueo de capitales. Los delitos relacionados con la pesca también deben de considerarse “delitos determinantes” para el blanqueo de dinero, es decir, una actividad ilegal que genera el producto del delito que luego se blanquea y que, por tanto, es un flujo financiero ilícito.  
• Ratificar los principales convenios internacionales: Los Estados deben de ratificar los principales tratados y convenios internacionales de pesca para prevenir el trabajo forzoso y la INDNR. Esto incluye el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT 188 que sólo ha sido ratificado por 21 países. 
• Ampliar la presentación de informes sobre las industrias extractivas para incluir a la pesca:  La pesca debe incluirse como industria extractiva en iniciativas clave, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y otras iniciativas mundiales y regionales relativas a la regulación y transparencia de industrias extractivas. 

Notas para los editores:

La Coalición para la Transparencia Financiera (FTC) es una red global de la sociedad civil que opera como una coalición colaborativa de 11 organizaciones de la sociedad civil con sede en cada región del mundo. La FTC trabaja para reducir los flujos financieros ilícitos mediante la promoción de un sistema financiero transparente, responsable y sostenible que funcione para todos.

Los miembros de la FTC son: Transparencia Internacional, el Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre la Deuda y el Desarrollo, el Centro para la Rendición de Cuentas del Presupuesto y la Gobernanza, Christian Aid, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, la Fundación SES, Global Financial Integrity, la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, la Unión Panafricana de Abogados, la Red de Justicia Fiscal y la Red de Justicia Fiscal de África.