Financial Transparency Coalition

Mientras el mundo avanza hacia su tercer año de la pandemia, debemos recordar que la desigualdad en torno al acceso a las vacunas y la recuperación desigual de la Covid-19 son asuntos políticos.
Estos temas se resuelven con mayor cooperación internacional sobre transparencia financiera, sobre todo en torno a los beneficiarios reales de empresas y fideicomisos, así como el abordaje a la deuda y los abusos tributarios en manos de las empresas multinacionales, para permitir una recuperación sanitaria y económica.

El mundo enfrenta una crisis sin precedentes debido a la pandemia de Covid-19. Las cifras son devastadoras: millones de personas muertas o sufriendo los efectos de la enfermedad, más de 120 millones de las personas forzadas a la pobreza extrema y 38 millones de niños y niñas todavía afectadas por los cierres escolares, lo que representa el 2.4% de toda la población estudiantil.  El impacto a largo plazo de los cierres escolares, que en su momento más crítico afectaron al 72% de todos los niños y las niñas, generarán una creciente desigualdad educativa.

En el último año, los ingresos laborales femeninos como porcentaje de todo el trabajo cayeron por primera vez desde la Declaración de Beijing de 1995, al reducirse en 4.2% (54 millones de empleos) comparado con la reducción del 3% en el empleo masculino. Esta tendencia se debe a la carga de trabajo no remunerado en los cuidados y la pérdida de empleos que afecta más a las mujeres que a los hombres. Los ingresos de las mujeres se estancaron en 35% del total de ingresos laborales de 2019, pero bajan hasta 18% en la India, 8% en Pakistán y 4% en Afganistán.

Existen fondos para revertir la tendencia. Tal y como reveló el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera (FACTI) el año pasado, solamente el lavado de dinero nos cuesta unos $1.600 millones por año, o 2.7% del PIB global, mientras los gobiernos pierden hasta $500.000 millones al año de empresas que trasladan sus ganancias a otras jurisdicciones. Cobrar los impuestos a las grandes empresas y a los ricos y mejorar la transparencia financiera para frenar los flujos de dinero ilícitos deben ser prioridades para el año 2022.

De hecho, el 2022 puede ser un año de esperanza, pero dependerá de los avances en cinco prioridades claves:

1. La recuperación de la Covid-19

La narrativa más importante del 2022 será el alza en la desigualdad global y la pobreza persistente. Un informe publicado lrecientemente muestra que el número personas con más de mil millones de dólares en la región de Asia y el Pacífico, por ejemplo, creció casi un tercio, de 803 in personas en marzo de 2020 hasta 1,087 en noviembre del año pasado. Su riqueza colectiva creció casi en tres cuartos; el 1% más rico ahora acapara más riqueza que el 90% más pobre. Mientras tanto, en el Reino Unido, la brecha entre ricos y pobres se ha expandido a causa de la pandemia hasta su punto más crítico en más que una década; el 10% de los hogares más ricos ostenta el 43% de la riqueza del país.

En medio de la crisis, en gran medida los países han dejado de actuar para garantizar una recuperación justa. El año pasado encontramos que el 63% de los fondos destinados a la pandemia de Covid-19 en ocho de los nueve países en desarrollo analizados terminaron en manos de las grandes empresas. A la vez, 17 países recortaron los impuestos corporativos, incluyendo Chile, Indonesia y Gambia, mientras otros países ofrecieron mayores incentivos fiscales a las empresas como parte de una carrera global a la baja en las tasas impositivas globales en un momento de crecientes necesidades fiscales y mayor endeudamiento. Mientras tanto, muchas empresas no han logrado extirpar la corrupción ni combatir el mal manejo de los contratos otorgados en el marco de la Covid-19.

No todas las noticias son malas. Argentina y Bolivia han implementado impuestos al patrimonio como una medida de recuperación y financiamiento de los programas de protección social. El nuevo gobierno de Chile espera implementar una reforma fiscal progresiva, llevando los impuestos progresivos hasta el 5% del PIB. También existen propuestas de impuestos al patrimonio en Filipinas, aunque enfrentan el temor a la huida de capitales si los ricos usan los paraísos fiscales internacionales para evitar mayores impuestos sobre el patrimonio y las ganancias de capitales.

Mientras tanto, Sudáfrica extendió el programa de Subvenciones de Ayuda Social (SRD, por sus siglas en inglés) hasta marzo de 2022, impulsado por el clamor popular, y se tiene la esperanza de que la subvención mensual de R350 ($22) se pueda convertir en un bono de ingreso universal. Este es un modelo correcto para la recuperación de la Covid-19, pero igual que ocurrió con el New Deal de Roosevelt, esta medida todavía carece de financiamiento; la deuda para Sudáfrica tiene un alto costo, aunque es probable que el costo de ignorar la protección social sea aún mayor.

En el año 2022, nos daremos cuenta si los países han aprendido su lección e incrementan y canalizan más fondos a los sectores más vulnerables, incluyendo las mujeres, los trabajadores informales y las pequeñas y medianas empresas. En la Coalición por la Transparencia Internacional (FTC, por sus siglas en inglés), analizaremos las formas que toma esta Rrecuperación alrededor del mundo y veremos si se han incorporado las lecciones aprendidas, desde Chile hasta Sierra Leona y desde Sudáfrica hasta Filipinas, así como en una veintena más de países del Sur Global.

2. El impuesto corporativo mínimo a nivel nacional y regional

En 2021, el G7, el G20 y la OCDE coincidieron en apoyar un impuesto corporativo mínimo global de 15%, un acuerdo que desde la perspectiva del Sur Global es insuficiente, debido al sesgo de la fórmula de cálculo de ingresos y la ausencia de los países en desarrollo en la mesa de negociación. Como resultado, Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka optaron por no unirse al acuerdo. El acuerdo podría descarrilar debido a la oposición del Senado estadounidense. Las elecciones legislativas en Estados Unidos en las que se estima que el Partido Republicano pueda recuperar el control del Congreso, podrían hacer que este acuerdo no se apruebe en un futuro cercano.

Este impasse podría resultar positivo. Los países del Sur Global ahora pueden aprobar impuestos digitales prohibidos bajo el nuevo acuerdo. La Autoridad Tributaria de Kenia anunció que en ese país operan solamente 11 empresas que cumplen bajo este acuerdo, sin embargo en el país actualmente hay 89 empresas que pagan el nuevo Impuesto a los Servicios Digitales (DST, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, Nigeria anunció a principios de este año que espera aplicar un impuesto de cambio del 6% a empresas digitales no residentes que vendan productos a clientes locales, como parte de un esfuerzo por mejorar la recaudación fiscal. El estancamiento del acuerdo del impuesto mínimo global podría mejorar la recaudación tributaria en el Sur Global y fortalecer la posición de estos países si surge una nueva ronda de negociación sobre el impuesto corporativo mínimo.

Seguiremos de cerca el desarrollo del presupuesto en la India que se presentará en febrero de 2022 para observar novedades en torno a un impuesto corporativo mínimo nacional además de los impuestos digitales , así como el desarrollo de los presupuestos de muchos otros países del Sur Global que podrían crear su propio impuesto mínimo nacional y a la vez mantener los impuestos actuales a los servicios digitales. Al mismo tiempo, es probable que la UE y el Reino Unido avancen en la implementación de sus propios impuestos corporativos mínimos a nivel nacional y regional.

¿Los países implementarán impuestos corporativos mínimos más justos? ¿Al final se abandonará el acuerdo global para permitir que cada país decida su propio rumbo? La FTC observará de cerca todos estos acontecimientos, particularmente en los países del Sur Global, con especial énfasis en las implicaciones para la recaudación y para comprobar si los países de renta media y baja finalmente tendrán una voz en las negociaciones globales, a medida que parecen descomponerse los acuerdos sobre el impuesto mínimo global.

3. Los Pandora Papers demuestran que debemos enfrentar los paraísos fiscales y los actores que los facilitan

En octubre de 2021, los Papeles de Pandora nuevamente dejaron claro que el sistema actual no ha logrado evitar la corrupción, el lavado de dinero y las violaciones tributarias, tal y como se abordó en el Seminario de alto nivel de la FTC celebrado en diciembre. En un intento de cerrar los flujos financieros ilícitos, Argentina y Canadá han avanzado hacia la introducción de registros públicos de beneficiarios reales. Hay señales prometedoras, incluyendo la iniciativa de Estados Unidos de implementar la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), en una insólita acción de apoyo bipartidista, según mencionó Kaisa de Bel de la organización Global Financial Integrity, miembro de la FTC, en un artículo reciente.

En el año 2022, seguiremos de cerca los nuevos acontecimientos -particularmente el desarrollo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la entidad que establece las normas globales contra el lavado de dinero- y su recomendación 24. Esta recomendación requiere que las autoridades competentes, incluyendo agencias gubernamentales y agencias tributarias, tengan acceso a información adecuada, precisa y actualizada acerca de los beneficiarios reales de las empresas que operan en sus países. La clave será ver si la revisión lleva a una nueva norma sobre registros centralizados de beneficiarios reales, en vez del sistema actual inoperante de autorregulación en el sector financiero.

En la UE, también la Directriz Contra el Lavado de Dinero estará en el punto de mira yaque hasta ahora ha sido decepcionante por su debilidad, y observaremos si su implementación genera algún impulso hacia la introducción de registros de beneficiarios reales robustos, abiertos y verificados en todos los estados miembros de la UE. Asimismo observaremos la nueva Autoridad en la Unión Europea Contra el Blanqueo de Capitales, establecida para coordinar acciones entre las Unidades de Investigación Financiera (UIF) y llevar un monitoreo directo de algunos de los actores de mayor riesgo en la UE. Tampoco perderemos de vista la eficacia de los registros de beneficiarios reales en África, para rastrear la efectividad y el uso de los nuevos registros establecidos en Ghana, Nigeria y Kenia.

En la FTC, continuaremos apoyando los esfuerzos para introducir registros públicos de beneficiarios reales en todos los países, así como las investigaciones e indagaciones del uso de empresas ficticias en el exterior, de acuerdo con lo revelado en los Papeles de Pandora. A su vez, renovaremos nuestras demandas centrales sobre la transparencia financiera a través de una consulta sectorial conocida como los ABC de la Transparencia Financiera. Adoptada en 2009 como guía de políticas en torno a la fundación de la FTC, ésta promueve el intercambio automático de toda la información financiera y tributaria, las normas sobre la transparencia pública de los beneficiarios reales e informes país por país para las grandes multinacionales.

4. Cooperación internacional para enfrentar los flujos financieros ilícitos

El 2021 fue el año en que el mundo más necesitó de la acción multilateral: desde la equidad en el acceso a vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud hasta mayor igualdad de género a través de ONU Mujeres o protecciones sociales por medio de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, todos estos compromisos no tienen suficiente financiación y sufren debido al secreto financiero que desvía fondos. Esta es una brecha clave en la cooperación global que Naciones Unidas y otros organismos multilaterales han intentado abordar por medio del proceso de Financiamiento para el Desarrollo (FfD), la creación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera (FACTI) con sus 14 recomendaciones.

No obstante, los regímenes unilaterales de sanciones no han logrado enfrentar la corrupción ni detener los flujos financieros ilícitos. Debemos impulsar un esfuerzo por hacer pública la información acerca de todos los activos como parte de un registro global. Dicho registro podría ser un paraguas para todos los registros actuales y futuros sobre beneficiarios reales, otras fuentes de titularidad pública y los datos financieros públicos para ayudar a detener los delitos financieros y abusos fiscales.

El Panel FACTI esbozó un esquema similar el año pasado. No obstante, actores claves como Estados Unidos y la UE se oponen a sus recomendaciones, alegando que se solapan con el trabajo realizado a nivel de la OCDE y GAFI, entre otros. Si bien hay algunas áreas de solape, los países del Sur Global generalmente están excluidos de los mecanismos globales de toma de decisiones en estos dos organismos, lo que redunda en normas menos adaptadas y pertinentes. La acción desde un marco multilateral basado en Naciones Unidas es esencial para garantizar el trato igualitario a las necesidades de todas las regiones y generar legitimidad política.

En la FTC en 2022, analizaremos los resultados un año después del informe final del Panel FACTI, para ver si se ha implementado alguna de sus 14 recomendaciones. Vincularemos esto con el ímpetu alrededor del relanzamiento del Panel de Alto Nivel de la Unión Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas sobre Flujos Financieros Ilícitos, también conocido como el Panel Mbeki, que reinicia su trabajo este año, junto con nuestros colegas de la campaña Stop the Bleeding que busca proponer soluciones panafricanas para erradicar los FFIs.

5. La transparencia financiera puede revelar abusos en la pesquería, forestería y de derechos humanos

En los últimos años hemos seguido de cerca las investigaciones acerca de cómo las empresas ficticias contribuyen a la degradación medioambiental global, incluyendo empresas involucradas en tala ilegal y pesca ilegal. En el año 2022, veremos cómo la UE mejoró sus reglamentos sobre la madera en 2021 y examinaremos las sanciones contra empresas que violan la legislación de la UE sobre pesca ilegal, no declarada y no regulada.

Por desgracia, hay pocos avances a nivel global para enfrentar la tala y pesca ilegales, debido a la falta de un proceso multilateral de monitoreo, rendición de cuentas y sanciones.  Se enfatiza la transparencia en la cadena de suministros y la debida diligencia por parte de los países consumidores sobre los proveedores. Esto no es suficiente y se hace poco para divulgar -mucho menos actuar- sobre los nexos entre estas actividades ilícitas y el uso de paraísos fiscales.

En cuanto a las empresas y los derechos humanos, el marco principal se encuentra en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU). En el año 2022, se enfocará en la Hoja de Ruta PRNU +10, que aborda temas de la debida diligencia de los inversionistas y la responsabilidad tributaria.

Observaremos de cerca el proceso de establecer un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y los Derechos Humanos; la octava sesión del grupo de trabajo que negocia el texto probablemente se celebrará en octubre de 2022. También esperamos ver avances en el tercer borrador que ofrece mayor detalle sobre las responsabilidades de los estados y las empresas, particularmente en cuanto al acceso y la comisión o facilitación crítica de violaciones a los derechos humanos. En la FTC creemos que el secreto financiero y los abusos tributarios hacen posible estos delitos.

También vemos como los organismos africanos generan lineamientos de derechos humanos sobre las responsabilidades de las empresas que son aplicables judicialmente. Esto incluye la publicación en el año 2022 de los lineamientos de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos para detener los flujos financieros ilícitos; dicha comisión ya había emitido una notificación sobre los nexos entre los FFI y los derechos humanos en el año 2019 en el marco de las propuestas para el Tratado Vinculante de Naciones Unidas.

Estas preocupaciones y otros temas del medio ambiente y los derechos humanos son centrales en nuestra visión de una economía con base en los derechos que coloque a las personas y el medioambiente en el centro de la economía en vez de considerarlo un recurso infinito o una externalidad económica. La FTC apoyará todos estos procesos en este emocionante año por venir.