Financial Transparency Coalition

El acuerdo de un impuesto mínimo global anunciado por la OCDE la semana pasada beneficiará a los países del Norte global -particularmente a los Estados Unidos, impulsor clave del acuerdo- a expensas de la gente sufriendo mayores índices de pobreza y desigualdad en los países en vías de desarrollo.

El impuesto mínimo global de 15% es demasiado bajo como para representar una recaudación significativa en los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 en el Sur Global. Creemos que una tasa de 25% habría sido adecuada para generar los ingresos necesarios en los países del Sur global, en línea con las recomendaciones del Panel FACTI de las Naciones Unidas que sugieren un impuesto de 20% a 30%.  Adicionalmente, el acuerdo incluye a solo 100 de las empresas globales más grandes, y sólo grava sus actividades más rentables, cuya recaudación luego será distribuida principalmente en los países donde estas empresas tienen su sede.

Es probable que el acuerdo aumente la carga tributaria en algunas jurisdicciones de bajos impuestos, como Irlanda, el estado de Dakota del Sur en los Estados Unidos, las Islas Virgen Británicas, Malta, Chipre y las Isla de Man en el Reino Unido. Este resultado es positivo. Pero no se han realizado evaluaciones globales de impacto ni consultas públicas donde las partes interesadas puedan expresar sus inquietudes.  Estamos frente a un proceso de negociación que carece de transparencia.  De hecho, Tax Watch estima que los Estados Unidos podría ganar hasta $8.500 millones anuales del acuerdo, sobre todo porque los países que albergan sedes de empresas salen ganando y muchas sedes corporativas se encuentran en Estados Unidos.

De forma crucial, el acuerdo no sólo significa que los ingresos recaudados se asignarán de forma desproporcional al Norte global, sino también que las formas actuales de gravar los servicios digitales prestados por las empresas multinacionales, como el impuesto a los servicios digitales propuesto por algunos países en vías de desarrollo, tendrían que eliminarse sin la posibilidad de introducir nuevos impuestos similares. Tampoco se incluyen las industrias extractivas ni los servicios financieros en este acuerdo. Oxfam estima que es probable que 52 países del Sur global sean contribuyentes netos en este acuerdo como resultado de tener que eliminar sus impuestos digitales. Los países tendrían que sacrificar estos impuestos a cambio de un flujo incierto de ingresos que entrará en vigor a partir de 2023, como más temprano, y no podrá renovarse hasta 2030.

Si se hubiera negociado este acuerdo en el marco de las Naciones Unidas, no habría sido posible llegar a esta división de ingresos.  La Secretaría de la OCDE ha ignorado las posiciones tanto del Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) como del Grupo de los 24, que representa una variedad de países del Sur global.  En su lugar, priorizó las necesidades de los países de la OCDE y la UE, como Irlanda, Malta y Estonia, quienes tenían la llave para impedir la adopción del acuerdo en la OCDE y la Unión Europea.  Se ha redactado el acuerdo para acomodar las posturas de este grupo de países renuentes de la UE por tratarse de un poder efectivo de veto, ignorando los intereses legítimos de los países del Sur global.

No es justo que algunos países tengan derecho de veto en un acuerdo que gira en torno a la OCDE, mientras los países en desarrollo no tienen el mismo poder.  En las Naciones Unidas, por principios institucionales, veríamos mayores ingresos destinados para Países Menos Desarrollados (PMD) y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés), así como otros grupos de estados vulnerables.  Con este arreglo, el acuerdo de la OCDE no llega a cumplir con las apuestas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)incluyendo la Movilización de Recursos Domésticos y la Erradicación de los Flujos Financieros Ilícitos como objetivos y metas claves de los ODS.

Además, el acuerdo tampoco cumple con la promesa de la Agenda de Acción de Adis Abeba (AAAA) de la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento al Desarrollo, que también resalta que «Nos  aseguraremos  de que todas las empresas, incluidas las multinacionales, paguen impuestos a los gobiernos  de  los  países  en  que  se  produzca  la  actividad  económica  y  se  cree  valor».

No sorprende que cuatros países en vías de desarrollo importantes que en su conjunto albergan a 500 millones de personas -Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka- se han negado a aceptar el acuerdo. El acuerdo revocaría los impuestos digitales que han empezado a implementar Kenia y Nigeria, lo que ayuda a explicar su postura en contra. Mientras tanto, la sociedad civil en África ha publicado una carta pidiendo #AltoAlAcuerdoG7, por considerar que es mejor no llegar a un acuerdo en vez de aceptar un acuerdo que perjudica al continente africano al no generar ingresos adicionales ni permite su participación en el diseño de las reglas tributarias.

Incluso algunos países en desarrollo que apoyaron el acuerdo, como Argentina, país miembro del G20, lo hicieron con reservas importantes.  Martín Guzmán, el Ministro de Economía de Argentina opinó: «nos queda decidir entre un mal resultado y el peor escenario – lo peor sería irnos sin acuerdo; pero el acuerdo actual es malo». La sociedad civil también se ha pronunciado en el sentido que el impuesto mínimo de 15%, que ahora ni se considera el mínimo en el acuerdo, podría llegar a ser el impuesto «máximo», provocando una carrera hacia abajo en la tributación corporativa, puesto que la mayoría de los países de América Latina y África ya tienen impuestos corporativos que rondan el 25%.  La Coalición Regional Tributaria TAFJA en Asia también se ha opuesto fuertemente al acuerdo, citando algunas de las mismas preocupaciones.

Matti Kohonen, Director de la Coalición de Transparencia Financiera (FTC) explica: «El acuerdo beneficia sobre todo a los miembros de la institución que organizó las negociaciones -la OCDE- y sus estados miembros más importantes. El acuerdo terminará apoyando los esfuerzos de recuperación en los países del G7 en vez de los países en vías de desarrollo que han sufrido los mayores impactos de la pandemia de Covid-19 y que tienen mayor deuda, al impedir que estos países recauden lo suficiente para recuperarse de la crisis. Este acuerdo terminará por empujar a millones de personas más hacia la pobreza extrema. Debimos haber optado por un escenario en el que todos ganen en vez de impulsar soluciones en las que sólo algunos ganan en cooperación tributaria global».