Financial Transparency Coalition

El problema

Normalmente es bastante fácil encontrar el nombre de una empresa, una dirección y quizás hasta los nombres de algunos de sus funcionarios. Sin embargo, ¿qué pasa con el nombre del verdadero beneficiario?

Esa es otra historia.

Aunque muchos empresarios ponen con orgullo sus nombres en las puertas de sus oficinas y en los papeles que completan para fundar sus empresas, usar sus nombres de esa manera no es realmente exigido en la mayoría de los países. Esto significa que los embaucadores, los traficantes de armas y de drogas pueden tener también sus empresas – la única diferencia es que deciden no incluir sus nombres en los formularios que llenan, lo que les permite crear “empresas anónimas”, perfectas para ocultar dinero ilícito.

En este momento, eso es perfectamente legal.

Las empresas anónimas (también llamadas empresas fantasma o empresas pantalla, aunque no todas la empresas fantasma son anónimas) son entidades usadas para ocultar la identidad de los verdaderos dueños – la persona (o grupo de personas) que tiene el control o el beneficio final de la empresa. También se llama a esas personas “beneficiarios finales”. Las empresas anónimas a menudo tienen pocos o ningún empleado y, la mayoría, no realiza ninguna actividad comercial real. Pueden usarse para ocultar negocios ilegales o para facilitar una actividad ilegal, como la evasión fiscal los esquemas Ponzi que pueden robar miles de millones a ciudadanos incautos.

En este momento, se puede abrir una empresa en la mayor parte de los países sin brindar ninguna información sobre el beneficiario final. Por ejemplo, en el estado de Delaware, Estados Unidos, hay que dar más información para obtener una tarjeta de una biblioteca que para abrir una empresa. La posibilidad de crear una empresa – con la capacidad de mover dinero, abrir sucursales y actuar como persona jurídica – sin aportar ninguna información sobre el verdadero propietario es un pasaporte para el crimen perfecto. Con esta cortina para ocultarse, los gobierno responsables de autorizar empresas, bancos, contadores y abogados son cómplices de dar a los criminales un coche con el motor encendido y las puertas abierta frente a la escena del crimen.

La cuestión empeora cuando la que figura como dueña es otra empresa anónima. El resultado es una especie de telaraña que se abre en decenas o centenas de caminos diferentes, lo que crea un rompecabezas casi indescifrable para los investigadores.

Ocultar al propietario de una empresa es una gran ayuda para los cerca de mil millones de dólares que salen cada año de los países en desarrollo de manera ilegal. Permite a los evasores, a los criminales y a los funcionarios corruptos mover dinero sin detectar, a menudo hacia bancos de Estados Unidos y Europa.

Este flujo de dinero que sale priva a las economía de los países en desarrollo de un capital muy necesario y a los gobiernos de los ingresos fiscales, lo que amenaza con eliminar cualquier beneficio obtenido de la inversión directa. Aunque ingresan miles de millones de dólares anuales de inversión extranjera y de ayuda para el desarrollo, casi el doble sale a través de los flujos financieros ilícitos.

La solución

Para encarar el problema, los países deben recabar información sobre los beneficiarios finales de la empresas, los fideicomisos y las demás entidades legales registradas en su territorio y publicar esa información en los registros centrales. Si la información sobre los propietarios estuviera disponible, los investigadores alrededor del mundo, los periodistas y la sociedad civil podrían levantar las capas de propietarios ambiguos que crean las empresas anónimas.

Aunque gran parte del mundo permanece sumergido en el secreto cuando se trata de información sobre propietarios, ha habido algún avance hacia la transparencia. El Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en acordar la creación de registros de beneficiarios finales totalmente públicos de las empresas que operan allí. Otros países, como Austria, Dinamarca, Francia y Ucrania, también han señalado su apoyo a los registros públicos.

Y, en diciembre de 2014, la Unión Europea acordó una Directiva Anti Lavado de Dinero actualizada que crearía registros nacionales de información sobre beneficiarios finales a los largo de la Unión, aunque solo estaría completamente disponible para las autoridades del gobierno. El público en general debe pasar un test de “legítimo interés” para acceder a la información.

El Grupo de los 20 también realizó avances en la Cumbre de Brisbane de noviembre de 2014, reconociendo la importancia de recabar información sobre los beneficiarios finales en sus Principios de Alto Nivel sobre Transparencia del Beneficiario Final. Desafortunadamente, los líderes no reconocieron que la información debería ser pública.

Convertir las empresas anónimas en reliquias del pasado ayudará a que el sistema financiero mundial sea transparente, rinda cuentas y funcione para todos.

El problema

¿Se sorprenderían al enterarse que una gigantesca empresa multinacional (EMN) valorada en miles de millones de dólares fue capaz de reducir su factura de impuestos a menos de 1%?

Pues bien, eso es exactamente lo que se descubrió en noviembre de 2014, cuando un tesoro de documentos apodado “LuxLeaks” dio una rara mirada a los acuerdos secretos entre miles de diferentes EMN y Luxemburgo; nombres muy conocidos, como Pepsi, IKEA o Disney estaban en ella.

La información no incluye asuntos secretos sobre cómo producen los bienes y servicios que venden, entonces, ¿por qué se mantienen en secreto, para empezar?

Si la protesta pública que surgió de LuxLeaks es indicativa, la razón radica en que las empresas no siempre quieren responder preguntas sobre la cantidad de impuestos que pagan (o no pagan) y dónde lo hacen. Esos acuerdos, a menudo guardados tras puertas cerradas, fueron traídos a la luz pública por una vez, lo que permitió a los gobiernos, a los periodistas y al público en general, ver la cruda realidad de los métodos que utilizan las EMN para enviar sus ganancias a Luxemburgo, una jurisdicción con impuestos bajos, lejos de donde se desarrolló su verdadera actividad económica.

Mientras la revelación desentierra un síntoma del sistema, es vital que enfrentemos la raíz del problema: la falta de información transparente sobre las informaciones de las EMN. En la actualidad las multinacionales pueden explotar las lagunas en las leyes fiscales nacionales e internacionales para trasladar las ganancias de un país a otro, a menudo a través de paraísos fiscales (o jurisdicciones secretas), con el objetivo final de reducir o eliminar los impuestos que pagan al estado. Sin las fugas y los denunciantes, incluso los gobiernos solo ven una pequeña ventana hacia las actividad internas de las empresas, lo que vuelve casi imposible probar la evasión o la elusión fiscal. Aunque las EMN informan sobre sus ganancias, impuestos pagados y cantidad de empleados, la cantidades globales que brinda son por las operaciones de todas sus sucursales juntas. Esto elimina cualquier esperanza de analizar las operaciones de una empresa en un país concreto.

Los informes país por país (IPPP) exigirían a las EMN compartir esa información por cada país en el que operan. La información daría a los gobiernos una capacidad mucho mayor para observar la actividad irregular que habría que investigar mejor, incluyendo por ejemplo, los casos de corrupción y sobornos. Debe exigirse a las EMN que publiquen información IPPP porque el problema mundial ha probado ser demasiado grande como para que lo puedan desentrañar los gobiernos nacionales solos. Los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos son responsables por despertar la consciencia pública sobre la escala de la elusión y la evasión fiscal y son esenciales para analizar no solo el problema sino, también, las posibles soluciones.

Las grandes multinacionales tienen la responsabilidad de jugar en igualdad de condiciones que sus contrapartes pequeñas y medianas. A menudo, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) ya informan país por país, aun cuando operan en una sola jurisdicción. El solo hecho de operar en varios países no debe servir como excusa a las EMN para no informar de la misma manera.

Existe un fuerte interés en los informes país por país desde la perspectiva de los inversores que valoran la estabilidad económica. La publicación de los informes financieros país por país daría a los potenciales inversores información que pueden usar para garantizar que una empresa no distorsiona su resultado final o toma riesgos excesivos.

Y no es un secreto que los países y las empresas en todo el mundo necesitan este flujo de ingresos adicionales. En su recuperación de los impactos de la crisis financiera mundial, los gobiernos han luchado por encontrar los recursos financieros para pagar por los servicios sociales básicos en muchos países. Este tipo de evasión fiscal es un problema mundial que se ve reforzado por las estructuras de los paraísos fiscales que lo facilitan y por las ventajas del secreto financiero. El subproducto es un sistema financiero sin rendimiento de cuentas, que a menudo priva a los gobiernos de los ingresos que tanto necesitan.

Algunos argumentan que el costo de implementación de esta estructura de información sería excesivamente alto, sin embargo, la mayoría de los legisladores y una creciente cantidad de empresarios comprenden que esa información es vital para comprender realmente las finanzas transnacionales. Un informe de la empresa contable PriceWaterhouse Coopers para le Comisión Europea concluye que podría haber algunos “impactos positivos” sobre la economía si los IPPP públicos se convirtieran en la norma para bancos e instituciones financieras.

La solución

Se debe exigir a las empresas multinacionales que publiquen informes individuales con información financiera básica, tal como ingresos, ganancias, impuestos y cantidad de empleados para cada jurisdicción en la que operan. Esos informes país por país deben estar a disposición pública. La información pública país por país fortalece el sistema financiero para todos.

Brindaría información a un amplio espectro de interesados, que fortalecerán sus actividades de seguimiento de las prácticas corruptas, gobernanza y responsabilidad empresarial, pago de impuestos y flujos del comercio mundial.

Ayudaría a los inversores a determinar si las empresas en las que invierten operan bajo regímenes políticamente inestables, en paraísos fiscales, zonas de guerra y otras áreas sensibles o si parece haber riesgos adicionales a partir de una planificación fiscal agresiva que podría inducir a los inversores a cuestionar el equipo directivo de una EMN sobre el tema.

Permitiría a los grupos de interés público y a los periodistas de investigación asegurarse de que las EMN pagan su parte de impuestos en los países en los que tienen su negocio, en especial allí donde las autoridades tributarias están escasas de recursos y no tienen la capacidad de dedicar el tiempo necesario a este tipo de investigación. Si las operaciones de las EMN fueran verdaderamente transparentes, un sistema financiero equitativo estaría más cerca de ser realidad.