Financial Transparency Coalition

La Cumbre por la Democracia, celebrada la semana pasada con la asistencia virtual de docenas de líderes mundiales, es una iniciativa clave del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.Éste identificó la corrupción como una amenaza a «la seguridad nacional de los EE.UU, la equidad económica, los esfuerzos globales contra la pobreza y por el desarrollo y hasta la propia democracia.» Antes de la cumbre, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, admitió que su país reconoció que «por ahora, el mejor lugar para esconder y blanquear ganancias ilícitas de hecho es en EE.UU.», aunque precisó que esa situación va a cambiar.

Ésto era una asignatura pendiente. En los últimos años, EE.UU. se ha vuelto uno de los paraísos fiscales de preferencia mundiales, que atrae flujos financieros ilícitos y sirve de plataforma para que oficiales extranjeros corruptos oculten su dinero y recursos, junto con las riquezas de empresarios que amañan los mercados y evaden impuestos, a menudo en los países del Sur Global. Esta situación también erosiona la democracia en casa, con fondos oscuros que llegan a la economía estadounidense y se blanquean en bienes raíces, arte y artículos coleccionables, y se esconden en fideicomisos y fundaciones fachadas o se alojan en los fondos patrimoniales privados de grandes empresas.

EE.UU. está en el segundo lugar en el Índice del Secreto Financiero de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) en 2020, figurando con un alto puntaje por su secreto financiero (63/100) y flujos transfronterizos. Muchos estados del país han creado leyes cada vez más opacas y herméticas que permiten que las empresas, los fideicomisos y las fundaciones oculten sus activos sin requisitos de reporte o divulgación internacional de la información. El caso más reciente es el de New Hampshire, donde una nueva ley permite establecer fundaciones privadas con ánimos de lucro sin necesidad de divulgar nada. No existe una ley a nivel federal ni fallo de la Corte Suprema para evitar este abuso flagrante del estado de derecho.

Por fortuna, algunos de los anuncios realizados durante la Cumbre por la Democracia dan esperanzas de que el «Paraíso Fiscal EE.UU.» desaparezca, o al menos así parece.

En primer lugar, un memorándum de la Casa Blanca (hoja informativa e informe completo) identifica al secreto financiero como una preocupación central y justifica más regulación del sector de bienes raíces. De manera específica, el memorándum cita el informe Acres of Money Laundering, publicado por la Global Financial Integrity (GFI) – integrante de la coalición de la Coalición por la Transparencia Internacional. Dicho informe revela que se lavaron $2.300 millones en el mercado de bienes raíces en EE.UU. entre 2015 y 2020. De este monto, el 30% se encuentra en el sector de bienes raíces comerciales que actualmente no requiren la divulgación obligatoria de información.

Tom Cardamone, Presidente y Director Ejecutivo de la Global Financial Integrity, afirmó: «Durante mucho tiempo, el gobierno de EE.UU. se concentró en sólo la mitad del problema del sector de bienes raíces al limitar la obligación de reporte solamente a las propiedades residenciales. Ahora parece que se cerrará esa gran brecha en cuanto el Departamento del Tesoro también empiece a implementar los requisitos de reporte para todas la compras de propiedades comerciales.»

Además, la unidad principal del Tesoro contra los delitos financieros (FinCEN) publicó su Notificación Anticipada de Reglamentación Propuesta (ANPR) sobre la transparencia en el sector de bienes raíces, citando los hallazgos de la GFI sobre los actores corruptos en este sector. Esta ANPR menciona que unos $463.000millones en transacciones en propiedades de bienes raíces «probablemente se realizan sin obligación alguna de reportear para evitar el lavado de dinero» y allana el camino para nuevas normativas que buscan poner fin a esta práctica.

Son buenas noticias, pero falta mucho por hacer.

El gobierno de Biden, por ejemplo, debe cerrar el paraíso fiscal del estado de Dakota del Sur. Los recién publicados Papeles de Pandora sugieren que este estado está a la par de Suiza, Panamá y las Islas Caimán como jurisdicciones de preferencia de los ricos y poderosos para ocultar sus activos y evitar pagar impuestos. Algunos líderes políticos, incluyendo el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, han podido esconder activos en Dakota del Sur con impunidad. Esto es posible porque sólo se puede investigar un delito cuando los tribunales estadounidenses abren un expediente en un caso sospechoso de corrupción extranjera o lavado de activos.

Introducir un Registro de Beneficiarios Finales, según lo descrito en la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) de 2019, es fundamental para cerrar el paraíso fiscal de Dakota del Sur y otros territorio estadounidenses. La semana pasada, el Departamento del Tesoro publicó un borrador de la norma bajo la CTA para implementar el registro de titulares reales, incluyendo fideicomisos, el vehículo preferido de las empresas fantasma en Dakota del Sur. Medidas adicionales incluyen verificar los datos presentados para el Registro de Beneficiarios Finales, así como el acceso a dicho registro por las autoridades competentes y el intercambio de información a nivel internacional.

Sin embargo, este registro no estará abierto al público, los periodistas, los legisladores y otros actores de la sociedad civil. Permitir el acceso público al registro requeriría una ampliación de la CTA que está más allá del alcance de la norma actual. EE.UU. también anunció su adhesión a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE), aunque no mencionó la fuerte implementación del mandato de transparencia para las industrias extractivas en la Ley Dodd-Frank (Apartado 1504 sobre pagos por extracción de recursos). El gobierno del expresidente estadounidense DonaldTrump anuló la implementación de dicho apartado en 2017.

Todos estos pasos son necesarios para poner fin a la evasión fiscal.

EE.UU. sólo podrá unirse al grupo de los países con mayores avances en transparencia internacional cuando avance hacia un Registro de Beneficiarios Finales público. Por ejemplo, el Reino Unido, Dinamarca y Luxemburgo ya cuentan con estos registros. Argentina, por otro lado, hace poco anunció que establecería un registro público que va más allá del registro del Reino Unido, al bajar el umbral para datos públicos a una participación de 10% de la titularidad. El registro que se está diseñando en Ghana  por otro lado no establece un umbral para oficiales públicos, mientras designa un mínimo de 10% de participación para sectores de alto riesgo como las industrias extractivas.  Por su parte y como uno de sus compromisos en el marco de la Cumbre por la Democracia, Canadá también se comprometió a facilitar acceso público a su Registro de Beneficiarios Finales en 2025.

Según Matti Kohonen, Director Ejecutivo de la Coalición de Transparencia Internacional: «Ningún país y ninguna jurisdicción debe ser un refugio para empresas fantasma. Estos paraísos fiscales socavan la capacidad de los países para recaudar los fondos que necesitan urgentemente para protección sociales e impulsar la recuperación de la pandemia de Covid-19. Para lograr estos objetivos, se necesitan registros públicos de beneficiarios finales y normativas que regulen los canales por donde pasan los flujos financieros ilícitos, así como mayor intercambio de información entre las autoridades.  Estados Unidos ha dado paso en ese sentido, pero falta mucho más por hacer.»

El gobierno de Biden anunció una segunda cumbre el próximo año para evaluar la implementación de los compromisos adquiridos para la transparencia. Muy a menudo, los intereses económicos de algunos grupos de poder frenan su implementación. La segunda cumbre debe de superar este obstáculo, alineando el trabajo más estrechamente con las recomendaciones finales del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera (FACTI), así como la implementación del Financiamiento para el Desarrollo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de Naciones Unidas. Esperamos que EE.UU. respalde ahora los Registros de Beneficiarios Finales en la actualización de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se debatirá el próximo año. El verdadero éxito internacional de la Cumbre por la Democracia se verá si las promesas hechas ahora se plasmarán en una realidad el próximo año.