Financial Transparency Coalition

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Washington D.C. – África concentra el 48,9% de los buques industriales y semi-industriales identificados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), según un nuevo informe de la Coalición de Transparencia Financiera y sus miembros, un grupo de 11 ONG de todo el mundo.

El informe titulado “Redes ocultas: Descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial“, el análisis más extenso de los casos de pesca INDNR hasta la fecha, también advierte que los países en desarrollo pierden miles de millones de dólares en flujos de dinero ilícito por esta práctica cada año: Aproximadamente hasta $2.000 millones sólo en Argentina y hasta $11.490 millones en África. Además, el estudio revela que las 10 principales empresas involucradas en pesca INDNR para las cuales encontramos información sobre beneficiarios finales concentran casi una cuarta parte de todos los casos reportados: ocho de China, una de Colombia y otra de España, que recibió millones de dólares en la UE y otros subsidios.

 La pesca INDNR contribuye a que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados, según la ONU, e impacta sobre todo a las zonas más afectadas por las consecuencias del cambio climático. Esta práctica representa una quinta parte de las capturas pesqueras mundiales, equivalente a $23.500 millones anuales, el tercer delito más lucrativo contra los recursos naturales tras la tala maderera y la minería.

 El informe advierte que casi ningún país requiere información sobre los propietarios al registrar embarcaciones o solicitar licencias de pesca, lo que significa que los beneficiarios finales de estas actividades no son detectados ni castigados, y las multas a menudo se aplican a los capitanes y la tripulación de los buques.

 Según Matti Kohonen, director ejecutivo de la Coalición de Transparencia Financiera: “La pesca ilegal es una industria masiva que amenaza directamente la subsistencia de millones de personas en América Latina y el resto del mundo, especialmente quienes viven en comunidades costeras en países en desarrollo ya de por sí afectados por la pandemia de Covid-19, el costo de vida y el impacto del cambio climático. Los países en desarrollo también pierden miles de millones de dólares en flujos de dinero ilícitos debido a la pesca ilegal, pero los propietarios de los buques continúan operando con total impunidad, utilizando estructuras empresariales complejas y otros esquemas para ocultar su identidad y evadir ser enjuiciados”.

 Otros hallazgos clave del informe incluyen:

• Los buques pesqueros con bandera de países de Asia representan el 54,7% de la pesca INDNR de buques industriales y semi-industriales, seguidos de América Latina (16,1 %), África (13,5 %) y Europa (12,8 %).
• El 8,76% de los buques ilegales identificados utilizan banderas de conveniencia como Panamá y las Islas Caimán, que tienen controles laxos y bajos o nulos impuestos.
• Algunos prominentes propietarios de embarcaciones ilegales aparecen en los Papeles de Panamá y otras revelaciones de transparencia financiera, resaltando el vínculo entre la pesca ilegal y los abusos fiscales.

 Alfonso Daniels, autor principal del informe, afirmó: “Estados Unidos y la UE han pedido medidas contra los propietarios reales de buques de pesca ilegales, pero el marco para identificarlos sencillamente no existe. No había información sobre los accionistas en muchos casos, ni siquiera para algunas de las compañías más grandes vinculadas a la pesca ilegal incluso europeas, con barcos a menudo propiedad de múltiples empresas subsidiarias registradas en lugares como Curazao y Panamá, lo que refleja la naturaleza anárquica del sector pesquero, algo que debe terminar“.

 La Coalición para la Transparencia Financiera solicita medidas urgentes para mejorar la transparencia en el sector pesquero para luchar contra la pesca INDNR, según lo siguiente:

 Requerir información de los beneficiarios finales de los buques pesqueros al registrar un buque, solicitar una licencia de pesca, autorización, joint venture, o registro de bandera.

• Establecer registros de beneficiarios finales, clasificando a los buques pesqueros y las empresas pesqueras como un sector de alto riesgo.

• Incluir a la pesca como una industria extractiva en iniciativas clave, como la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y otros esfuerzos mundiales y regionales, en materia de regulación y transparencia de las industrias extractivas.
• Solicitar debida diligencia a la cadena de suministro, la cual debe extenderse a todas las cadenas de suministro, a la pesca INDNR y otros delitos relacionados con la pesca como parte de un paraguas más amplio respecto a los productos de los delitos contra los recursos naturales.
• Publicar una lista actualizada de embarcaciones involucradas en la pesca INDNR que permitan el acceso a multas, sanciones a las empresas, y beneficiarios finales. Esta lista también debe cotejarse internacionalmente, bajo los auspicios de la OMI-FAO.

• Mejorar la capacidad de monitoreo de los gobiernos de los estados costeros apoyando a sus guardacostas, requiriendo la aplicación de sistemas automáticos de vigilancia de embarcaciones y del Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés).

 Para cualquier información adicional o solicitudes de entrevista, comuníquese con el departamento de prensa de la FTC, envíe un correo electrónico a: press@financialtransparency.org

 Notas para los editores:

 La Coalición para la Transparencia Financiera (FTC) es una red global de la sociedad civil que opera como una coalición colaborativa de 11 organizaciones de la sociedad civil con sede en cada región del mundo. La FTC trabaja para reducir los flujos financieros ilícitos mediante la promoción de un sistema financiero transparente, responsable y sostenible que funcione para todos.

 Los miembros de la FTC son: Transparencia Internacional, el Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre la Deuda y el Desarrollo, el Centro para la Rendición de Cuentas del Presupuesto y la Gobernanza, Christian Aid, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, la Fundación SES, Global Financial Integrity, la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, la Unión Panafricana de Abogados, la Red de Justicia Fiscal y la Red de Justicia Fiscal de África.