El beneficiario final

El problema

Normalmente es bastante fácil encontrar el nombre de una empresa, una dirección y quizás hasta los nombres de algunos de sus funcionarios. Sin embargo, ¿qué pasa con el nombre del verdadero beneficiario?

Esa es otra historia.

Aunque muchos empresarios ponen con orgullo sus nombres en las puertas de sus oficinas y en los papeles que completan para fundar sus empresas, usar sus nombres de esa manera no es realmente exigido en la mayoría de los países. Esto significa que los embaucadores, los traficantes de armas y de drogas pueden tener también sus empresas – la única diferencia es que deciden no incluir sus nombres en los formularios que llenan, lo que les permite crear “empresas anónimas”, perfectas para ocultar dinero ilícito.

En este momento, eso es perfectamente legal.

Las empresas anónimas (también llamadas empresas fantasma o empresas pantalla, aunque no todas la empresas fantasma son anónimas) son entidades usadas para ocultar la identidad de los verdaderos dueños – la persona (o grupo de personas) que tiene el control o el beneficio final de la empresa. También se llama a esas personas “beneficiarios finales”. Las empresas anónimas a menudo tienen pocos o ningún empleado y, la mayoría, no realiza ninguna actividad comercial real. Pueden usarse para ocultar negocios ilegales o para facilitar una actividad ilegal, como la evasión fiscal los esquemas Ponzi que pueden robar miles de millones a ciudadanos incautos.

En este momento, se puede abrir una empresa en la mayor parte de los países sin brindar ninguna información sobre el beneficiario final. Por ejemplo, en el estado de Delaware, Estados Unidos, hay que dar más información para obtener una tarjeta de una biblioteca que para abrir una empresa. La posibilidad de crear una empresa – con la capacidad de mover dinero, abrir sucursales y actuar como persona jurídica – sin aportar ninguna información sobre el verdadero propietario es un pasaporte para el crimen perfecto. Con esta cortina para ocultarse, los gobierno responsables de autorizar empresas, bancos, contadores y abogados son cómplices de dar a los criminales un coche con el motor encendido y las puertas abierta frente a la escena del crimen.

La cuestión empeora cuando la que figura como dueña es otra empresa anónima. El resultado es una especie de telaraña que se abre en decenas o centenas de caminos diferentes, lo que crea un rompecabezas casi indescifrable para los investigadores.

Ocultar al propietario de una empresa es una gran ayuda para los cerca de mil millones de dólares que salen cada año de los países en desarrollo de manera ilegal. Permite a los evasores, a los criminales y a los funcionarios corruptos mover dinero sin detectar, a menudo hacia bancos de Estados Unidos y Europa.

Este flujo de dinero que sale priva a las economía de los países en desarrollo de un capital muy necesario y a los gobiernos de los ingresos fiscales, lo que amenaza con eliminar cualquier beneficio obtenido de la inversión directa. Aunque ingresan miles de millones de dólares anuales de inversión extranjera y de ayuda para el desarrollo, casi el doble sale a través de los flujos financieros ilícitos.

La solución

Para encarar el problema, los países deben recabar información sobre los beneficiarios finales de la empresas, los fideicomisos y las demás entidades legales registradas en su territorio y publicar esa información en los registros centrales. Si la información sobre los propietarios estuviera disponible, los investigadores alrededor del mundo, los periodistas y la sociedad civil podrían levantar las capas de propietarios ambiguos que crean las empresas anónimas.

Aunque gran parte del mundo permanece sumergido en el secreto cuando se trata de información sobre propietarios, ha habido algún avance hacia la transparencia. El Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en acordar la creación de registros de beneficiarios finales totalmente públicos de las empresas que operan allí. Otros países, como Austria, Dinamarca, Francia y Ucrania, también han señalado su apoyo a los registros públicos.

Y, en diciembre de 2014, la Unión Europea acordó una Directiva Anti Lavado de Dinero actualizada que crearía registros nacionales de información sobre beneficiarios finales a los largo de la Unión, aunque solo estaría completamente disponible para las autoridades del gobierno. El público en general debe pasar un test de “legítimo interés” para acceder a la información.

El Grupo de los 20 también realizó avances en la Cumbre de Brisbane de noviembre de 2014, reconociendo la importancia de recabar información sobre los beneficiarios finales en sus Principios de Alto Nivel sobre Transparencia del Beneficiario Final. Desafortunadamente, los líderes no reconocieron que la información debería ser pública.

Convertir las empresas anónimas en reliquias del pasado ayudará a que el sistema financiero mundial sea transparente, rinda cuentas y funcione para todos.